jueves, 17 de agosto de 2017

El “C-Star”, barco de la ultraderecha, es rescatado por una ONG.

 EL "C-Star", bautizado ya como 'el barco fascista' está fletado por el movimiento de ultraderecha Generación Identitaria.


La ONG humanitaria 'Sea eye', con sede en Alemania, informó en su perfil de Facebook que fue contactada por el centro de coordinación de rescate de Roma (MRCC, en inglés) para proporcionar ayuda a la “nave nazi”, que se encuentra frente a las costas de Libia. El movimiento “Generación Identitaria” confirmó en un comunicado que su embarcación, “C-Star”, “tuvo, durante la noche, un ligero problema técnico”. Y Michael Buschheuer, el presidente de la ONG 'Sea eye', defendió que “ayudar ante el peligro es el deber de cualquier persona que esté en el mar, sin distinción a su origen, color, religión o convicciones”.

Desde que zarpara, El “C-Star”, de 40 metros de eslora, fue retenido en Chipre, sin lograr atracar en el puerto siciliano de Catania, tal y como tenía previsto, y se topó con las protestas de decenas de personas cuando intentaba alcanzar puertos tunecinos para proveerse. De hecho, el pasado día 6, su tripulación decidió no acceder al puerto tunecino de Zarzis, donde sindicalistas, militantes, pescadores y trabajadores portuarios se manifestaban contra la iniciativa, que tildaban de “racista”. El “C-Star” sigue sembrando odio por el Mediterráneo. Y tuvo, en las últimas semanas, distintos enfrentamientos en su misión de impedir el paso a las embarcaciones cargadas de migrantes que tratan de llegar a las costas europeas. Uno de ellos, fue con la ONG Proactiva Open Arms, dedicada al rescate de refugiados. El barco de la organización catalana se encontró con la embarcación fascista.  “Se acercaron a nuestro barco y comunicaron por radio a través del canal 16 que es un canal de emergencias” cuenta Ricardo Gati, director operativo de esta organización. “Alegaban que teníamos que alejarnos porque éramos traficantes y un factor de atracción de emigrantes”, recuerda. “Nosotros nos limitamos a decirles que tenían que dejar libre un canal que no puede utilizarse para ese tipo de comunicaciones; pero ellos insistieron diciendo que nos tenían vigilados, que seguirían observándonos y que los días de las operaciones de tráfico de personas libres y sin control en el Mediterráneo se habían acabado porque estaban ellos”. El objetivo del “C-Star” es precisamente ese: patrullar el mar para ‘vigilar’ las actividades de las organizaciones no gubernamentales y devolver a la costa africana a los emigrantes que encuentren.

La ONG catalana se ha enfrentado en las últimas semanas a varios problemas. Navegando en aguas internacionales, a trece millas de la costa libia, “vimos acercarse muy rápido un barco de la guardia costera de Trípolí”, narra un integrante de la agrupación. “Es uno de los 12 barcos que se le habían quitado a Gadafi y que, después de arreglarlos, Italia devolvió a Libia”. Por radio les ordenaron que se alejasen, indicándoles que podían entrar en aguas libias. “No era nuestra intención”, aclara Gati, “y luego nos amenazaron diciéndonos que la próxima vez nos atacarían y nos dispararían sin avisar”. A partir de ahí “empezaron con el mismo discurso que el ‘C-Star’, acusándonos de traficantes e indicándonos que llevaban días controlándonos porque éramos sospechosos de tráfico de personas”.

El “C-Star” financió su operación ‘Defend Europe’ a través de una campaña de crowdfunding lanzada por activistas antiinmigración franceses, alemanes e italianos. La iniciativa acabó siendo suspendida por Paypal, pero hasta ese momento la organización ya había recaudado 76.000 euros. No obstante, el barco se ha encontrado con distintas dificultades en su recorrido por el Mediterráneo. Fue retenido en el Canal de Suez, las autoridades de Catania prohibieron que atracara en el puerto y en el norte de Chipre fue retenida y sus tripulantes tuvieron que comparecer ante el juez por no tener la documentación en regla y entrar ilegalmente. En Túnez, una cofradía de pescadores lo rechazó sacando incluso pancartas y Proactiva Open Arms tiene grabaciones de las conversaciones de la Guardia Costera tunecina en las que se le ordena dejar la zona.

Otra de las polémicas que se cierne sobre el “C-Star” tiene que ver con su tripulación. Cinco de los trece ceilaneses que viajaban en él solicitaron asilo en Chipre y acusaron al capitán de haberles engañado. Según su testimonio, pagaron 10.000 dólares cada uno por un viaje que arrancó en Yibuti y que tenía por destino final Italia. La organización neofascista reconoce que los tripulantes entregaron ese dinero, pero alegan que lo hicieron para participar en un curso de formación marinera. Distintas asociaciones europeas y partidos políticos han pedido que se impida al “C-Star” llevar a cabo su proyecto. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha interpuesto incluso una querella criminal en Madrid contra Generación Identitaria por pretender bloquear embarcaciones de migrantes y refugiados.

miércoles, 16 de agosto de 2017

El Gobierno ‘militariza’ los controles del Prat y se salta al derecho de huelga.

La Guardia Civil en El Prat.

El Gobierno ha recurrido a la Guardia Civil para hacer frente a la huelga de los vigilantes de seguridad de la empresa privada Eulen, en el aeropuerto de Barcelona. Los agentes del instituto armado están presentes en los filtros de control de pasajeros y comparten con los empleados de Eulen tareas ejecutivas y no sólo de vigilancia. La Asociación Unificada de la Guardia Civil critica que el Ejecutivo “haga uso de unos funcionarios carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva” para “solventar” un problema que ha creado con la “privatización de la seguridad pública” en los aeropuertos y en otros sectores. “Nosotros –subraya la AUGC al estallar este conflicto– ya advertimos sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública”, cuando “la plantilla de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos”. También el abogado de los trabajadores, Leopoldo García Quinteiro, ha criticado el laudo arbitral obligatorio que el Gobierno intenta imponer. “Mientras no se quiebren los servicios mínimos –descarta el letrado– no se puede ir al arbitraje obligatorio. La imposición del mismo es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga”.  

La empresa propietaria del aeropuerto y responsable de sus servicios es AENA, en propiedad del Estado en un 51% de su capital. El otro 49% de la sociedad fue privatizado en febrero de 2015. Los trabajadores de Eulen rechazaron el pasado domingo por votación la propuesta de mediación presentada por la Generalitat y que incluía un aumento salarial de 200 euros por doce pagas, lo que evitó que se pudiera cerrar un conflicto que se arrastra desde hace ya más de tres semanas con paros parciales. En el año 2016, AENA ganó 1.164 millones de euros, lo que supuso un 40% más de incremento respecto al año anterior. Mientras tanto, el Grupo Eulen, que se hizo con la subcontratación de la seguridad de las puertas de embarque en El Prat, ganaba ese mismo año 14 millones de euros, un 65% más.

Según Juan Antonio Fernández, portavoz de AUGC, los guardias civiles se sienten “utilizados” por el Gobierno que “utiliza a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego”. Los Guardia Civiles, que se limitan a “cumplir órdenes que vienen del Gobierno”, en estos momentos, están “velando por que se cumplan los servicios mínimos”. Fernández se queja de que se haya vuelto “a recurrir a los guardias civiles”, “sin ninguna contraprestación económica, ninguna petición o diálogo”. No obstante, afirma que, desde El Cuerpo, se “solidarizan” con los trabajadores en huelga, entre otros motivos, porque reclaman lo mismo que ellos llevan “años” pidiendo.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, afirma en Europa Press que el uso de la Guardia Civil para garantizar la operatividad del aeropuerto de El Prat “no deja de ser una forma de esquirolaje” que atenta contra el derecho a la huelga. Ábalos criticó en La Cuatro la actuación del Gobierno en el conflicto laboral. Tras recalcar que el Ejecutivo “en ningún momento ha contemplado las consecuencias nefastas de su política laboral”,  recalca que, en este caso, “es evidente que ha estado al margen del conflicto como si fuera una cuestión de una empresa privada”. Según el dirigente socialista, el Gobierno y Aena únicamente han actuado cuando la situación se ha convertido en “insostenible”. “Y lo están arreglando de un modo absolutamente autoritario, sin ninguna sensibilidad hacia las condiciones de trabajo y sin ningún respeto al derecho de huelga”. 

martes, 15 de agosto de 2017

Corrupción de periódicos y periodistas.


Enrique Arias Vega publicaba hace unos días un artículo sobre la corrupción periodística que vale la pena leer. Decía el mencionado periodista: “No se puede cuantificar, por supuesto, pero, en estos cuarenta últimos años, periódicos y periodistas pueden haber malgastado (legal o ilegalmente) el equivalente del PIB de todo un año. Una burrada. Para empezar, tenemos los miles y miles de millones derrochados en medios públicos, desde nacionales hasta locales, pasando por las insólitas televisiones autonómicas. Cuando, al cerrar la RTV valenciana, el entonces presidente regional, Alberto Fabra, dijo aquello de ‘prefiero invertir en sanidad y en educación que gastar ese dinero en una tele pública’, lamentablemente tenía toda la razón. No hablo sólo de empresas públicas al servicio de los dirigentes políticos de turno en vez de a la verdad informativa, sino también de las privadas, cuya complicidad ha sido comprada al precio de subvenciones a su difusión (con ejemplares que muchas veces acabaron en la basura), publicidad institucional, una sedicente prensa escolar, ayudas a las lenguas vernáculas y un largo etcétera de corruptelas varias.

“Allí donde las empresas no han sido sobornadas, con mayor o menor fortuna, siempre ha habido algún periodista proclive a dejarse pervertir. Cuando el inefable Jesús Gil fue alcalde de Marbella, por ejemplo, un grupo de corifeos mediáticos alababa su gestión mientras era invitado a vacaciones en la localidad o adquiría apartamentos casi regalados. Luego, a la caída de su valedor, esos mismos fueron los primeros en ponerle a caer de un burro. Todo esto me ha venido al recuerdo cuando oigo despotricar contra la corrupción de políticos y empresarios a periodistas que han negociado históricamente sus silencios con suculentas contrapartidas. La corrupción, pues, no es de ahora y tampoco se ciñe exclusivamente a los que en este momento están puestos en la picota: el día en que los medios de comunicación hablen por fin de su propia podredumbre, entonces sí que podremos decir que las cosas comienzan a cambiar de forma radical”.