domingo, 16 de agosto de 2009

La España negra del PP y la España de dibujos.



Javier Arenas sostiene que España sufre una dictadura. El miércoles pasado, el vicesecretario general de Política Autonómica era el encargado de mantener la tensión y de alimentar la conspiración. En una declaración grabada, sin preguntas ni presencia de periodistas, señalaba que “solamente en las dictaduras, en los regímenes no democráticos, se persigue a la oposición con policías y fiscales”. Y avalaba de esta manera lo denunciado hace diez días por la número dos de la derecha, María Dolores de Cospedal, en otra grabación sin réplicas (como había hecho el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras el archivo de su causa en el Tribunal Superior de Justicia, Rajoy, Trillo y el mismo líder del partido, Mariano Rajoy). “Creo que estamos viviendo en los últimos tiempos –espetaba el dirigente andaluz– un clima político absolutamente irrespirable, cuyo máximo responsable es Rodríguez Zapatero, que está atentando contra el espíritu de la Transición”. A su juicio, esta situación no se había producido en los últimos treinta años: “Ni con Suárez, ni con Calvo Sotelo ni con Felipe González ni con Aznar”. De esta manera, los conservadores acusaban a Zapatero de querer ocultar la crisis y exigían una investigación “profunda y rápida” respecto al trato recibido por los cargos del PP implicados en la “Operación Espada”. Era su manera de defenderse de un clima generalizado contra ellos. Sobre sus acusaciones de espionaje por parte del Gobierno a altos cargos de su partido, el dirigente conservador mantenía que ya se habían presentado denuncias ante los tribunales. “Ahora tenemos en estudio otras, tanto en las instituciones españolas como, en su caso, en las instituciones europeas”. Y subrayaba, sin aportar él tampoco prueba alguna, que todo lo que le ocurría a su partido era fruto de una estrategia diseñada por el Gobierno.


Arenas dice que el PP pasará por la vía judicial.


Por su parte, José Blanco, número dos del PSOE, recomendaba a Mariano Rajoy relajarse cerca del mar y no acusar sin pruebas. El ministro de Fomento comentaba que, tras lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, “el PP tiene el síndrome de espionaje: se espían entre ellos y creen que todo el mundo hace lo mismo”. Y acusaba a Rajoy de “aplicar” el Estado de Derecho “según le conviene”, a la vez que le recomendaba que “no trate de desviar sus problemas, acusando sin pruebas a los demás”, y le deseaba que disfrutase de sus vacaciones. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior razonaba que las acusaciones del PP respondían a una “estrategia de comunicación” para no hablar de los casos de corrupción que afectan a sus filas. Mientras tanto, el sol veraniego seguía saliendo para unos y para otros.


La primera que se apuntó a la teoría de la España negra fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP en una intervención televisiva costeada por su partido y sin presencia de periodistas. Cospedal lanzaba el pasado día 6 un furibundo ataque contra las instituciones que se supone están al servicio de todos y no de un partido concreto. De Cospedal acusaba, nada menos que a Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior del PSOE, de desviar la policía de su lucha contra ETA y ponerla a espiar y perseguir a miembros del partido de la oposición. Y aseguraba que a su partido le constaba que, desde las autoridades judiciales y policiales, se estaban produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que “no tienen nada que ver con los sumarios” y a destacados dirigentes nacionales.


Hoy, diez días más tarde, María Dolores de Cospedal, todavía no ha presentado la denuncia contra el gobierno ni ha presentado las pruebas del complot. Tampoco ha dimitido.



Un grupo de usuarios de Facebook ha iniciado una movilización para pedir que los medios se nieguen a cubrir las ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas de los periodistas, una práctica cada vez más habitual entre los políticos y funcionarios. El objetivo es lograr que los periodistas ignoren cualquier mensaje que no tenga posibilidad de réplica. El comunicado emitido por ellos y enviado a todos los directores de medios de comunicación dice así:
Los políticos, desde el presidente del Gobierno al alcalde del pueblo, ya no contestan a las preguntas de los periodistas. Llegan a sus ruedas de prensa, recitan un comunicado y se marchan. Es un fenómeno cada vez más común, que amenaza el derecho básico a recibir una información veraz, completa y relevante. Por eso los ciudadanos y profesionales de la comunicación aquí firmantes, declaramos:
1-Que la prensa libre es imprescindible para la democracia, y que las ruedas de prensa sin preguntas son una estafa al público y un modo de censura.
2-Que los líderes políticos tienen la obligación de someterse a las preguntas de los periodistas para que los ciudadanos puedan hacerse un juicio preciso de ellos. Que deben hacerlo en persona y en directo, para dar testimonio de su propia valía y no de la de sus asesores.
3- Que las ruedas de prensa sin preguntas y las declaraciones grabadas convierten la información en propaganda y no sirven al bien general. Que el periodista tiene el deber de denunciar las incoherencias o falsedades en los mensajes públicos, y debe tener también la capacidad de confrontar a sus autores con estos datos y exigir explicaciones.
4- Que los gabinetes de comunicación no pueden convertirse en cortafuegos que aíslen a los líderes políticos de la realidad, sino que deberían ser instrumentos para que el público tuviera la oportunidad de conocer sus opiniones.


Por todo ello, los periodistas demandan a los directores de medios de comunicación de España que no se haga cobertura informativa de ningún acto o declaración política que no esté seguida de un turno de preguntas. Porque un mensaje que no puede ser cuestionado ni comprobado, no merece figurar en la categoría de información.



Fernández de la Vega, ante las preguntas de los periodistas, en directo.

Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega, criticada por el PP por su viaje relámpago por países sudamericanos, deja claro, tras una rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, que las acusaciones del partido de Mariano Rajoy sobre escuchas ilegales o acoso judicial a los conservadores “son falsas”. “¿Dónde están las escuchas?”, se pregunta en referencia a los pinchazos telefónicos ilegales de los que hablan en el PP. “Yo se lo voy a decir: en el cajón de las falsedades”. En cuanto a la supuesta persecución, asegura que “jueces, fiscales y tribunales son los que investigan, imputan, juzgan, archivan, absuelven o condenan”. Por su parte, “la Policía actúa según las indicaciones judiciales”. La número dos del Gobierno tiene claro que estas “gravísimas y falsas acusaciones” del PP sólo tienen una intención: tapar los casos de corrupción que planean sobre los conservadores, porque “cada vez que el PP tiene problemas con la Justicia o en el seno de su partido, se lanza a atacar a los demás”. La vicepresidenta asegura que está dispuesta a acudir a la Cámara, si así lo deciden los grupos parlamentarios. “Quien se niega a dar explicaciones –subraya De la Vega– es el PP. La democracia es tan fuerte que soporta actitudes tan irresponsables e insensatas como las de los dirigentes del PP, los señores Rajoy, Cospedal y Arenas”.


En Mazarrón, un turístico pueblo murciano de 36.000 habitantes, diversas asociaciones de vecinos, sindicatos y grupos de la oposición celebraron una marcha de protesta contra el desmesurado incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), decretado por el alcalde, Francisco Blaya Blaya, del PP. Un impuesto que ha aumentado un 120 por ciento entre 2008 y 2009, lo que otorga a Mazarrón el dudoso mérito de poseer el IBI más elevado de Murcia. El alcalde de dicho municipio gana actualmente unos 84.000 euros anuales, dos mil menos que los que percibe la vicepresidenta del Gobierno, De la Vega. Blaya tiene una plantilla a su alrededor de diez personas de confianza. Además, los gastos de representación sin justificar son escandalosos. Izquierda Unida califica la subida del 100% del sueldo del alcalde de Mazarrón, como “una cacicada típica de regímenes políticos despóticos y/o de repúblicas bananeras”. Y muestra su más enérgica repulsa ante “la indolencia que muestra nuestra clase política local que, a la vez que aplica los impuestos más altos a los mazarroner@s, es capaces de llegar a acuerdos para ponerse unos sueldos que están muy por encima del salario de cualquiera de nuestros vecin@s”.


El "popular" Blaya Blaya, el alcalde que más cobra.


Vemos ahora la España de colores proyectada por algunos dibujantes. Comenzamos con Vergara, quien dibujó para el diario "Público" las vacaciones de una serie de personalidades: Zapatero, el juez De la Rúa, Federico Trillo, Patxi López…


Las vacaciones de Zapatero.


Las vacaciones de De la Rúa.


Las vacaciones de Federico Trillo.

Las vacaciones de Patxi López.


Manel Fontevila presenta en dos trazos, también el "Público", una de las profesiones más importantes y pintorescas de España.


¿Quién no ha soñado alguna vez con abundante agua estos días calurosos del verano? El dibujante Kotrha así los imagina.






Y el dibujante, Pep Roig, nos muestra alguna de las situaciones tal como las ve desde su isla: La justicia peligrosa; Jueces, fiscales y policía; Cuando cometer un delito no era delito y La crisis que toca fondo.





Por último, mostramos cuatro vídeos. En el primero, el PP denuncia un clima político irrespirable.



En el segundo, Cospedal critica el uso de la fiscalía



En el tercero, Blanco critica al PP, con síndrome de espionaje.



Y en el cuarto, recordamos el cara a cara ZP-Rajoy en clave de humor.


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