Represaliados republicanos versus torturadores franquistas.
La jueza argentina, María Servini de Cubría, libra una orden de busca y captura contra
cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas.
Maria Servini de Cubría, que instruye en su
juzgado de Buenos Aires la causa por crímenes de la dictadura franquista, dictó
el mes pasado una orden de detención calificada de histórica. La jueza lo hizo
vía Interpol y apunta a cuatro presuntos torturadores franquistas entre los que
figura Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Se trata de uno de los más temidos policías
del régimen por sus brutales métodos con los detenidos. Junto a él, la jueza
cursó la orden internacional de detención contra otros dos policías franquistas que formaban
parte de la Brigada Políticola Querella Argentina
contra los crímenes de franquismo” o la conocida “CeAQUA” (Coordinadora estatal de
apoyo a la Querella
Argentina contra crímenes del franquismo)
En la primavera del año 2010, un grupo de
represaliadas y represaliados políticos del franquismo inicia una reflexión
sobre la necesidad de constituir una asociación que llenase el hueco que existía
en España dentro del movimiento por la memoria histórica iniciado anteriormente.
No se trataba de apelar al victimismo, pero sí de defender el papel de las
luchas sociales y políticas que, durante 20 años (entre mediados de los 50 y
mediados de los 70), fueron determinantes para el final de la dictadura. Los
pactos de la Transición
impusieron un manto de silencio sobre la naturaleza del franquismo y sus
crímenes que, en primer lugar, perseguía dotar de impunidad a sus
perpetradores. Como efecto colateral, este pacto exigió también ignorar la
resistencia antifranquista y a sus víctimas. Reconocer la existencia de éstas
hubiera implicado identificar a los responsables de los crímenes, a los que el
sistema encubría. Las víctimas
fueron olvidadas. “Y, en los
últimos años, asistimos a una larvada relectura del franquismo mediante su
banalización, cuando no su embellecimiento, por parte de epígonos mediáticos e
historiadores supuestamente respetables, cuya mayor y más costosa obra es el
reciente Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia , realizado con el objetivo de fijar como
definitivo el relato que conviene a sus intereses”. Pero, poco a poco, y
cada vez con más fuerza, las
represaliadas y represaliados vivos se han hecho presentes, dando
testimonio directo de aquellos crímenes (detenciones, multas, torturas, cárcel,
asesinatos, exilio, falta de libertad, censura…). “Formamos parte –claman los
mismos– de la generación que, desde los años 60, se enfrentó a la dictadura, y
por ello sufrió tortura, cárcel, exilio, clandestinidad y el más diverso tipo
de represalias. Nuestro testimonio tiene el valor del documento histórico, y
tenemos la obligación de transmitirlo ahora por la dignidad de nuestra memoria
y en defensa de todo aquello por lo que siempre hemos luchado…”.
Más de 40 juristas alzaron su voz contra el
genocidio franquista. Cristina Almeida, José Luis Pitarch, Joan Garcés… son
algunos de los nombres que componen la lista inicial del comité jurídico,
encargado de elaborar la iniciativa legislativa popular de “Verdad, Justicia y
Reparación” para las víctimas de la dictadura. Distintas asociaciones de memoria
histórica y derechos humanos han impulsado una iniciativa popular para resarcir a las
víctimas del franquismo. Los pactos de la Transición impusieron un manto de silencio sobre
la naturaleza del franquismo. La abogada, Virginia Díaz, vicepresidente de la Asociación Foro
por la Memoria ,
en notas sobre la sentencia del TS del 27/02/2012, relativa a los crímenes del
franquismo, declara que la Ley
de Amnistía de 1977 no es un instrumento que pueda ser utilizado por los
Tribunales para impedir investigaciones de delitos contra la humanidad y que,
conforme a lo que ya se ha expuesto, existen indicios suficientes dentro del
procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional que no valora, ni tiene en
cuenta la sentencia para que sólo así puedan ser calificados los crímenes
cometidos durante el franquismo. “Por lo tanto, las víctimas, las asociaciones y
organismos internacionales de derechos humanos, no acuden a los tribunales sólo
en busca de la verdad. Acudimos a ellos porque sólo en sede judicial y sólo a
través de la intervención de los tribunales y de la aplicación de las leyes
penales en materia de derechos humanos, podemos llegar al resarcimiento de las
víctimas, a levantar el manto de la impunidad y a conseguir los tres objetivos
que cualquier país civilizado debe anteponer para completar su sistema
democrático de valores y derechos: la justicia, la verdad y la reparación. Esta
sentencia es un nuevo retroceso en el avance y consecución de la defensa de los
derechos humanos”.
Jesús Rodríguez Barrio, miembro de La Comuna.
El 14 de abril de este año, la
Comuna (grupo formado por la
generación que, desde los años 60 se enfrentó a la dictadura, y por ello sufrió
tortura, cárcel, exilio, clandestinidad y el más diverso tipo de represalias,
luchando siempre contra la impunidad), montaba un homenaje en Madrid a los republicanos
asesinados por el fascismo. Fue en el cementerio de La Almudena , en donde Jesús
Rodríguez Barrio, miembro de La
Comuna , recordaba los escritos de Max Aub: “Estos que ves ahora,
deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un
asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides hijo, no lo olvides nunca,
pase lo que pase, son…..lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han
alzado, sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los militares,
contra los poderosos, por la sola justicia; cada uno a su modo, a su manera,
como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero.
Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos,
medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor
del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca,
hijo, no lo olvides…”. Estas palabras que
Max Aub, en “El campo de los almendros”, dedicó a los republicanos derrotados,
sonaron aún más poderosas en la voz del actor Álvaro de Luna, quien las
pronunció en el Homenaje Republicano. “Allí estuvieron –recuerda Rodrígue
Barrio– personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos (entre
ellos, el magistrado Martín Pallín). Hubo artistas que nos regalaron emotivas
canciones. Y hablaron también los descendientes de las víctimas. Hubo, también,
otros poemas… Pero cuando abandoné el acto, un poco antes de su conclusión para
poder asistir a la manifestación republicana, las palabras escritas por Aub y
pronunciadas por Álvaro, resonaban todavía en mi cabeza como un trueno. Jamás
unos derrotados, unos perdedores, habrán recibido mejores palabras. Nunca unos vencidos
habrán recibido mayor honor. Los asesinados por el fascismo, por defender la
libertad y la justicia, durante la guerra, después de la guerra y durante los
40 años de dictadura. Los que sufrieron cárcel, exilio y fueron humillados,
aplastados y reducidos a la nada… por levantar la cabeza y resistir contra el
franquismo, recibieron un 14 de abril más poderoso que nunca, el homenaje
emocionado de los que piensan, de los que seguimos pensando, que son lo mejor
del mundo…”.
Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo
sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a
España.
Durante la última semana de septiembre, el Grupo
de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, visitaba España y
se reunía con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del
franquismo. El objetivo de su visita era examinar las principales iniciativas y
políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas con las
desapariciones forzadas o involuntarias, en particular, los aspectos
concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las
víctimas de estos crímenes. En su primer informe, constataron que, en España,
no se tiene en cuenta “el carácter de delito de lesa humanidad” en el caso de
las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. “Esta interpretación
es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su
modificación”, reza el texto que dejaron. Instan “al Estado español a juzgar
las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a
establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones
forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a
computarse a partir del cese de la desaparición forzada”. Asimismo, constatan
que la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 2009 “restringió de manera
considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del
principio de jurisdicción universal”, en contraste con la legislación anterior.
Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que
aquella reforma de 2009 “no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción
universal sobre actos de desaparición forzada”. Anima a España a ratificar la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la “desaparición
forzada”. Para los expertos de la
ONU , la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos
que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la
dictadura hace necesario que el Estado actúe con “urgencia y celeridad” en esta
materia. Pero, a la hora de aplicar las recomendaciones en España, todo queda
en papel mojado.
Por el contrario, la querella presentada en la Argentina comienza a moverse. José María Galante, de La Comuna, declara ante la jueza en Buenos Aires para aportar su testimonio. Su relato de cuando tenía 21 años pone los pelos de punta por la brutalidad y el ensañamiento. Palizas salvajes, la cabeza sumergida en agua nauseabunda hasta casi ahogarle, el tormento de la barra, colgado por las rodillas y golpeado desnudo en las partes más vulnerables. "Desde entonces no puedo moverme como antes…". Galante lo relata así a ELPLURAL.COM: "Mi primera detención, bajo la acusación de ‘actividades subversivas’, se produce el 5 de octubre de 1969, a la una de la madrugada, en mi casa familiar. Me detienen dos miembros de la Brigada Político Social (BPS) llamados Celso Galván y otro apodado "El Gitano". Al entrar en la Dirección General de Seguridad (DGS), me hacen el pasillo, obligándome a pasar entre dos filas de agentes de la BPS y funcionarios de la Policía Armada que me golpean con porras, vergajos, me dan patadas, puñetazos… Después me fichan y encierran en una celda". En su denuncia, como en la de otros querellantes, aparecen nombres comunes de policías como el "comisario Conesa, y Billy el Niño", señalados como especialmente sanguinarios. Los querellantes aportan listas de torturadores, de jueces y de militares que compusieron tribunales y consejos de guerra. Los testimonios de otros querellantes son tan espeluznantes o aún más que el de Galante. También por las torturas a Galante en 1969, está imputado Celso Galván a quien también señala Acacio Puig Mediavilla, arrestado en 1973 y conducido a los calabozos de la DGS, donde denuncia que sufrió todo tipo de vejaciones y malos tratos. El ex guardia civil, Muñecas, está imputado por las torturas que sufrió Andoni Arrizabalada Basterrechea, en 1968, en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz. Hoy, dicen sus víctimas, recibe la pensión máxima de jubilación por sus servicios prestados al Estado como guardia civil. Fue además uno de los militares golpistas el 23-F, aquel que anunció los diputados la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto" y dirigió el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento.
Francisco Lobatón explica su caso a Wyoming, en El
Intermedio.
En 1974, un juzgado de Madrid condena al
estudiante Francisco Lobatón por una falta de malos tratos y otra de coacciones.
Trabajaba entonces de cartero y estudiaba Ciencias Políticas. El periodista
cuenta que iba a una asamblea de profesores para apoyar el movimiento estudiantil del que era militante
activo. En la entrada se les identificó, se descubrió que él no era profesor y
“recibí una pistola en la cabeza. Recuerdo aquel toque frío. Ese fue el
encuentro”. En ese momento, Lobatón se encontró con una fuerza especial al
haber sido elegido por sus compañeros para apoyar una causa en la asamblea de profesores. “Tuve la
inconsciencia -explica hoy– de intentar
zafarme de los que me detenían por lo cual fui acusado de desórdenes públicos y
atentado a la fuerza pública”. La asamblea se situaba en la parte alta de la
facultad. Le bajaron a su clase, lugar donde “empezaron los golpes”. “Billy el
Niño se hizo cargo y luego me acompañó amablemente hasta la dirección general
de seguridad”. Paco Lobatón comenta que cuando le detuvieron reaccionó como pudo pero, una vez que
le metieron en el coche policial, “te sobrecoge y más si el individuo que hay
detrás, al pasar por el Parque del Oeste, le decía al conductor ‘para, para,
que a este le vamos a liquidar aquí mismo’. Billy el Niño sacó una porra extensible regalada por sus amigos
nazis italianos y la empezó a aplicar sobre mi pecho y me golpeó incesantemente
hasta llegar a Sol”. Consiguió que el
médico le levantara un atestado donde aparecieron lesiones por las que
‘Billy el Niño’ fue convocado a juicio. “Algo inaudito”, explica. Le condenaron
a un día sin empleo y sueldo. Lobatón asegura que recibió golpes “pero no fue tortura”. Habla del caso de un amigo, Miguel Ángel Gómez Álvarez, que estuvo
detenido durante siete días y al que se le practicó la tortura “en distintos formatos”. “Tuvo que pasar un
mes entero en enfermería. Y no pudo andar hasta un mes después”. Su delito era
ser estudiante que luchaba por sus libertades. A Lobatón le condenaron a
cinco años y medio “por asistir a una reunión”, por los desórdenes
públicos, asociación ilícita etcétera… Después de pasar por la cárcel de
Carabanchel, decidió marcharse y
exiliarse en Ginebra.
En una decisión sin precedentes, la jueza María
Servini de Cubría pide, a través de la Interpol , la extradición de altos funcionario
policiales y de la
Guardia Civil en la causa abierta en Argentina para juzgar
los crímenes del franquismo. Los cuatro exfuncionarios mencionados al principio
pasan a ser imputados y deben ser extraditados. A tal fin, magistratura argentina
cursa a las autoridades españolas la orden de detención. El texto puntualiza
que se deberá comunicar “el arresto preventivo de los nombrados con fines de
extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)”. En marzo de
este año, los abogados solicitan por escrito a la jueza que emita órdenes de
captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex
ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces,
además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar
procesados en la causa. La magistrada decide proceder contra estos últimos. Juan
Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, es considerado como uno de los
mayores torturadores del régimen franquista. Tiene un amplio dossier de
diligencias judiciales por presuntas torturas en los últimos años del
franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en
Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura. En 1974, llegó a
ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19
de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de
coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había
sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar
Benítez de Lugo. El policía, con un amplio dossier judicial por presuntas
torturas, fue absuelto por la Ley
de Amnistía de 1977. También prestó declaración ante la Audiencia Nacional
por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los
grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco
Español, autores de varios asesinatos durante la Transición. El 1 de
julio de 1977, el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoraba
con la Medalla
de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio
a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de
comunicación”. En 1985, González Pacheco aparece como jefe de seguridad
de la empresa automovilística Talbot, en Madrid, donde también trabaja en
diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la
demanda de la Red Aqua ,
figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
Celso
Galván Abascal, exescolta de Franco y de la
Casa Realla Brigada Político-Social
del franquismo. La
Sección Segunda de la Audiencia Provincial
decidió su absolución por “falta de pruebas”, si bien indicaba el propio auto
que no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio
por parte del estudiante. El tercero de los perseguidos por la Interpol es Jesús Muñecas,
actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima
de jubilación por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada
trayectoria como guardia civil. Su nombre no pasó a la
historia, como el de Tejero, pero sí su intervención en el 23-F, al anunciar a
los diputados la “próxima” llegada de la “autoridad, militar, por supuesto”.
Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de
dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del
Parlamento. Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos
de torturas en la
Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de
Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. Por ninguna de ellas fue condenado.
Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar”
por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en
libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena
y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados. El cuanto
a José Ignacio Girante González, fue miembro destacado de la Brigada Político
Social hasta su disolución y, posteriormente, fue comisario del
Cuerpo Nacional de Policía. En su trayectoria como policía del régimen siguió
un camino similar al de Billy el Niño. Su nombre aparece en, al menos,
cuatro de las querellas presentadas en Argentina, asociado a torturas a
miembros del movimiento estudiantil del tardofranquismo.
Las palizas de Billy el Niño.
El exinspector dejó una huella
imborrable en decenas de sus víctimas. Lo cuenta José María Irujo en “El País”
del pasado domingo. “Se empeñó en que centenares de estudiantes que pasaron por
sus manos en la siniestra primera planta de la Dirección
General de Seguridad, en Madrid, no le olvidaran. Y lo ha
conseguido. Una legión de sus víctimas reaparecen ahora con testimonios
espeluznantes, todos diferentes, pero con un siniestro nexo común: el
inspector que les torturó era un violento histriónico que gozaba con el dolor
que les infligió. Treinta y siete años después de la disolución de la Brigada Político
Social –policía política del franquismo–, la memoria de estas víctimas
perturba la paz del exinspector de 67 años, flaco como un espárrago, que pasea
por el centro de Madrid con sus zapatos clásicos embotado en impecables trajes
con pañuelo y camisas de gemelos y corbata a juego. Billy toma el aperitivo en
Lucio y se reúne a cenar con viejos colegas de la policía para recordar sus
hazañas contra el FRAP, GRAPO
y ETA… José Luiz Uriz, de 64 años, ex parlamentario socialista navarro, pensó
que iba a morir en sus manos: “Situado justo detrás de mí, me daba fuertes
golpes en la nuca mientras otro de sus compañeros decía: ‘Ten cuidado que se
te va a ir la mano otra vez y te lo vas a cargar’. Y él respondía: ‘No importa,
hacemos como con Ruano [estudiante muerto durante la dictadura], lo tiramos
por la ventana y decimos que se quería escapar”… La
pistola de González Pacheco estuvo muy cerca de la cabeza de muchos
estudiantes, en su mayoría jóvenes comunistas a los que, en los años setenta,
se detenía por asociación ilegal. Jesús Rodríguez Barrios, de 59 años,
entonces militante de LCR y ahora profesor de Macroeconomía en la UNED , la tuvo a escasos
centímetros de su sien y escuchó el sonido de sus balas. Billy le esperaba en
la puerta de su casa y, cuando huyó, le dio el alto a golpe de disparos. “Me
interrogó tres veces. Una vez sacó su arma, me encañonó y me dijo: ‘Si te pego
un tiro no pasa nada’. Era muy chulo, un exhibicionista que torturaba por
placer. Su apodo viene porque era de gatillo fácil y hacía ostentación de su
arma”… Entró en la brigada antiterrorista a las
órdenes de Roberto Conesa y acabó su carrera en la policía judicial. “Era uno
de sus niños bonitos”, recuerda un comisario. En 1982 pasó a la situación de
excedencia para trabajar como jefe de seguridad de Renault. “Discute con todo
el mundo. Se ha vuelto más visceral y exaltado”, asegura uno de sus
excompañeros.
El juez de la Audiencia Nacional ,
Pablo Ruz, citará a declarar al exguardia civil, Jesús Muñecas y al exinspector José Antonio González Pacheco, tras confirmar, según fuentes
jurídicas, que los otros dos reclamados por la juez, María Servini de Cubría, han muerto.
Las Fuerzas de Seguridad han comunicado al juez Ruz que tanto Billy El Niño
como Muñecas están localizados
en sus domicilios. El magistrado les citará a declarar una vez que
Argentina remita formalmente la petición de extradición cursada para ellos. No
obstante, la Fiscalía
de la Audiencia
Nacional informó en un escrito al titular del Juzgado Central
de Instrucción número 5 de que las detenciones de estos ex altos funcionarios
de la Policía
y de la Guardia Civil
“no son necesarias, habida cuenta la antigüedad de los hechos”.
Según aclara el Ministerio Público, las órdenes internacionales de detención
dictadas por la magistrada provocarían “una causa de denegación” de la
solicitud debido a que, en ellas, “no
constan datos de tiempo y lugar de su comisión”. La Fiscalía recuerda que el
Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial España-Argentina
exige “un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de
comisión del delito” que no consta en las órdenes emitidas. La juez Servini
acusó a los cuatro de delitos de homicidio
agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación
de torturas y sustracción de menores.
Garzón, Grandes, Torres, Gálvez y Chamizo, en la
presentación de Convocatoria Cívica.
El exjuez de la Audiencia Nacional
disparaba el pasado miércoles contra los privilegios de la Iglesia. Así lo
contaba Olivia Carballar y Fabiola Navas, desde Sevilla: “Aquí no habrá un
Estado laico hasta que deje de darse religión en las escuelas públicas”. Y
arremetía contra la corrupción: ‘Es una vergüenza que se esté juzgando ahora a
Carlos Fabra, que el presidente del Gobierno no aclare en el Parlamento su
relación con Gürtel, que prescriban delitos como en los ERE’. Disparó contra el
despilfarro de dinero público de los políticos: ‘Me encontré al ministro
Soria, en Buenos Aires, haciendo jogging. Me ha encantado que no se celebren aquí los Juegos Olímpicos’.
No dejó de disparar contra el Constitucional: ‘¿Cómo es posible que el
presidente del TC sea o haya sido militante de un partido?’. Contra la falta de
transparencia y otras cosas de la
Casa del Rey. Se preguntó cual es la marca de España, y por
el Caso Noos. Disparó contra los recortes del Gobierno: ‘Es una obligación
democrática que la ley Wert no llegue a promulgarse’. Y
disparó, contra aquellos que dispararon a las 150.000 personas que aguardan aún
la justicia en las cunetas: ‘Hay que repetirlo: 150.000. Que la ONU haya tenido que venir a
decirnos que no cumplimos con las directrices internacionales es vergonzoso. La
justicia en este país, deja mucho que desear. El gran error es pasar página sin
haberla leído’. El Garzón más rojo, más radical, disparó sin nada en un
discurso en el que sólo dejó viva a la gente. ‘Esa gente que lo está pasando
mal, la gente que no puede pagar el ‘puto autobús’ para seguir estudiando, como
denunció el catedrático de Economía, Juan Torres, recordando una reciente
experiencia vivida por Concha Caballero. La gente que no se atreve a
protestar y a gritar que trabaja como un esclavo porque tiene miedo, lamentó el
exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo. La gente, como afirmó la escritora
Almudena Grandes, que tiene que invadir la democracia y las instituciones. O
esa otra a la que se le está esquilmando el derecho a la información, que
expuso el periodista Juan José Téllez. La gente que sigue estando discriminada:
‘Nosotras,
las mujeres, necesitamos más democracia’, concluyó la
catedrática Lina Gálvez. En resumen: el acto Convocatoria Cívica, que ya fue
presentado, en Madrid, el pasado julio, fue una reivindicación de la gente.
Nace como una unión entre ciudadanos para intentar que los políticos asuman las
propuestas de la calle. No son ni serán un partido político, repiten. ‘Se trata
de una iniciativa contra la indiferencia y que brota de la indignación’, afirmó
Garzón en su primera intervención pública en España después de que la justicia
argentina pidiese la extradición de cuatro altos funcionarios franquistas. El
exmagistrado abogó por que los problemas que afectan a los ciudadanos ‘no se
resuelvan a puerta cerrada y como paquetes que se ofertan en un supermercado,
donde los tomas o los dejas’ ”.
El comisario A. Lozano Márquez recibe un premio
en manos de la alcaldesa socialista, Gemma Arajo.
El pasado 26 de abril tuvo lugar en la ciudad de La Línea de la Concepción una reunión
de la junta de portavoces de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal ,
donde el equipo municipal de gobierno, formado por PSOE y PA, propuso al resto
de grupos la concesión de la
Medalla al Mérito a Ángel Lozano Márquez, comisario del
Cuerpo Nacional de Policía, al estar próxima su jubilación. Y el 11 de junio,
todos los grupos del ayuntamiento premiaban al comisario por “los méritos más
relevantes en su merecida jubilación”. De esta manera, la alcaldesa reconocía
ser una población agradecida. “En distintas ocasiones –indicó la alcaldesa
socialista, María Gemma Araujo– hemos entregado con todo orgullo títulos
meritorios de nuestra ciudad a personas que, a título particular, han
contribuido en su socorro, beneficio, mejoras o a elevar el nombre a otros
estamentos por sus méritos profesionales o personales. Hoy hacemos lo propio
pero añadiendo una particularidad que nunca antes se había dado, porque, si
bien la Medalla
al Mérito por la Ciudad
tiene como merecedor a Ángel Lozano Márquez por su trayectoria como destacado
comisario del Cuerpo Nacional de Policía en su ciudad, a nadie se le escapa que,
por extensión, también se reconoce en este acto el trabajo que todos los
funcionarios policiales han venido efectuando por la seguridad de los linenses”.
Y Gemma Araujo señaló que el pase a la jubilación de Ángel Lozano quien había
contribuido a la reducción en un 23,4% del total de delitos y faltas en el municipio durante
el primer semestre del año en curso así como al esclarecimientos de delitos y
faltas, datos muy altos y claramente satisfactorios en comparación con otras
poblaciones”. Tras la entrega de la medalla tomó la palabra el homenajeado, en
un recorrido desde su infancia y dejando claro que, desde esos años jamás,
vislumbraba llegar profesionalmente a estar a cargo de la comisaría linense.
Tuvo palabras también de solidaridad hacia su pueblo, exigiendo una justicia
social por la situación geográfica que tiene la población y por la necesidad de
ayuda que merece desde otros estamentos. El acto acabó con la emoción lógica
reflejada, significando un "¡Viva La Línea !"
José Ortega Ortega, vecino de Algeciras de 69
años, militante del PCE desde 1963 y concejal en el primer ayuntamiento
democrático de San Roque, entre 1979 y 1983, no sale de su asombro y de su
indignación desde que, a finales de junio pasado, leyera la noticia. A José
Ortega –recuerda Andaluces.es (periódico digital de ideas y noticas) –le
vinieron de golpe recuerdos muy dolorosos: su detención en abril de 1975, su
estancia durante tres días en la comisaría de La Línea , las torturas y malos
tratos allí sufridos y su entrada en la cárcel de Algeciras, de donde no salió
hasta ocho meses después, pasada la muerte de Franco. “Yo he sido albañil toda
mi vida. Recuerdo muy bien que el día que vinieron a detenerme, era domingo y
yo estaba de descanso. En Guadiaro, donde vivía con mi mujer y mi hija mayor,
dos días antes, habían detenido a otro compañero del partido, José Llaves
Bernal; así que quemé todos los ejemplares de Mundo Obrero que tenía y
escondí en el fondo de una caja de herramientas muy grandes el libro que estaba
leyendo: El único camino, de
la Pasionaria ”.
El domingo 13 de abril de 1975 un grupo de agentes de la Brigada Político
Social de la Policía
entró en casa de José Ortega. La registraron de arriba abajo y encontraron en
un desagüe pequeños trozos de papel de algunos ejemplares de Mundo Obrero
que no se habían quemado del todo. Suficiente para esposarlo, meterlo en un
coche y llevarlo a la comisaría de La Línea. Con él había otros seis detenidos, todos
militantes del PCE y de Comisiones Obreras: Andrés Barrachina, Jacinto
Domínguez, Andrés Martín Díaz, José Llaves Bernal, Cristóbal Mateo Gómez y
Alberto. Allí pasaron todos tres días sin dormir, siendo interrogados una y otra vez, y
sufriendo torturas y malos tratos para que confesaran y delataran a más
compañeros. “Yo acabé con los brazos desollados y cuando el
juez que nos mandó a la cárcel me preguntó cómo me había hecho las heridas se
lo expliqué: estuve casi todo el tiempo esposado y de los empujones que me
pegaban para un lado y para otro se me quedó la carne viva”, recuerda José.
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“Ángel Lozano –recuerda José Ortega en
Andaluces.es– era entonces un policía jovencito, pequeño y delgado. Se sentaba
enfrente de mí y ponía la pistola encima de la mesa. Me amenazaba, me insultaba
y me provocaba. Alguna vez me encañonó y una vez llegó a decirme. Tú serías
capaz de matarme con las manos… ¿Verdad? Yo le respondí que no, que yo no tenía
instinto criminal como él”. José Ortega cuenta que a él le pegaron patadas,
codazos y empujones, pero que hubo otros compañeros que sufrieron peores torturas:
“A Llaves
Bernal le hicieron de todo. Lo tendían en el suelo, le echaban agua, todas las
torturas más duras. Acabó destrozado. El hombre perdió la cabeza de tanto
sufrir y lo mandaron al psiquiátrico del penal de El Puerto de Santa María.
Allí estuvo encerrado más tiempo que nosotros y tardó por lo menos dos o tres
años en recuperarse”. Ortega también recuerda a otro policía de La Línea con un lobanillo en la
cabeza y otro en el cuello. Ponía encima de la mesa un papel en blanco y le
decía: apunta ahí todos los nombres que tú sepas. “Como yo no le hacía caso, me
pegaba codazos en el hígado y me tiraba al suelo rodando. Pero a mí me pegaban
y no me dolían los golpes. Yo creo que no era por ser joven y estar fuerte,
sino por los nervios que me entraban”, explica José. Este albañil, hijo de
republicano que luchó con y por la
República , dice que nunca se le olvidarán aquellas 72 horas
que pasó en la comisaría de La
Línea : “Nos tenían en celdas individuales y cuando nos
sacaban para interrogarnos metían una colchoneta asquerosa que ponían sobre el
pollete de hormigón que servía de cama. Y cuando nos traían de vuelta a la
celda sacaban la colchoneta para que no tuviéramos la más mínima comodidad”. De
la comisaría, al juzgado y de allí a la cárcel de Algeciras, acusados de
asociación ilícita y propaganda ilegal. El fiscal pedía para ellos tres años de
cárcel. Ninguno de ellos llegó a ser juzgado. Franco murió el 20 de noviembre
del 75 y ellos salieron en libertad dos semanas después.
Gemma Araujo, alcaldesa socialista de La Línea.
Cuatro años después, en junio de 1979, José
Ortega Ortega fue elegido concejal en las listas del Partido Comunista de
España en San Roque, municipio gaditano al que pertenece la pedanía de Guadiaro
donde él vivía desde pequeño. Y acabó abandonado el PCE para entrar en el
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), del que es fundador en el
Campo de Gibraltar. A principios de julio de este año, habló con representantes
del PSOE para que no condecoraran a un policía con pasado de represor pero no
le hicieron caso. Mandó un escrito a los periódicos de la zona, pero se lo
publicaron como carta al director, pasadas unas semanas del acto oficial. José
lo tiene claro: “Lo que hay en España no es una verdadera democracia. Es la continuación
del franquismo maquillado. Sólo hay que preguntarse quién es el rey, de dónde
viene y por qué está ahí”, dice. “A los policías que torturaron
y maltrataron ni se les juzgó ni se les echó del cuerpo, como se habría hecho
en una verdadera democracia. Y no solo eso, sino que se les protegió, se les
fueron dando ascensos y condecoraciones”, añade. Gemma Araujo, alcaldesa
socialista de La Línea ,
admite que conoce la carta de José Ortega en la que acusaba al excomisario
Lozano de haberle torturado cuando formaba parte de la Brigada Político
Social de la Policía
Nacional. Añade que la carta le llegó cuando el expediente
para condecorar al excomisario ya se había iniciado y cuando faltaban pocos
días para la ceremonia de entrega. Afirma que no se paró el expediente porque
no hay ninguna prueba, ningún documento que demuestre que Lozano Márquez
participara en la tortura de comunistas o socialistas. “Por la edad que tiene,
sí es posible que formara parte de la Brigada Política
Social, pero no
tenemos ninguna prueba de las acusaciones tan graves que hace ese hombre en su
carta”, agrega. La alcaldesa recuerda que todos los grupos
políticos de La Línea
apoyaron la concesión de la medalla. “Incluida Izquierda Unida”, enfatiza. Ceferina
Peña, concejala de IU, afirma que a su grupo no llegó ninguna carta y que
tampoco la alcaldesa les dio la información que en ella se contiene. Afirma que
en el expediente abierto para otorgar la medalla no hay ninguna información en
contra de Lozano Márquez. Francisco González Deleito, hoy abogado del
Ayuntamiento de San Roque y joven militante del PCE a principios de los
setenta, concluye: “No es de recibo que se le den méritos o condecoraciones a
gente que participó en aquellas acciones represivas de la Brigada Político
y Social. Siendo generosos, podemos creer que la gente se puede arrepentir o
que cambie, que se vuelva demócrata de verdad, pero de ahí a ponerle
condecoraciones, me parece ya demasiado”.
Pasamos, sin más, a los
fotomontajes de esta semana, la mayoría de Rocambol.com. Y comenzamos con el de
Rajoy en tierras japonesas. “Más Fraga en Fukusima” titulan este montaje de José Luis Águeda. Lástima que nuestro
presidente no se bañara en el mar, como Fraga Iribarne cuando la bomba en
Almería. Le siguen otras composiciones de Aznar, campeón; su espolsa, Ana
Botella; el agradecimiento de Rouco Varela ante el ministro Ruiz-Gallardón y la
alcaldesa, Ana Botella; Pons y Rato, desternillándose de risas; más risas; lo
que piensa Carlos Floriano, vicesecretario de organización, Fátima Báñez,
ministra de Trabajo o el diálogo entre la alcaldesa de Valencia y Francisco
Camps…
Repasamos el humor de esta semana mantenido por
Peris, Forges, El Roto, J. R. Mora, Donato Martingo, Erlich…
.jpg)
Pep Roig dibujó, desde Mallorca:
Última Hora. Por decreto; Brisas. Se lo
ganan a pulso; Bauzá, campeador; La gomina de las alas y El argumentario desbarrado.
Terminamos con con cuatro vídeos. El primero, sobre la RAE. No es un anuncio de los años setenta del pasado siglo. Es de hace unos días y lo ha hecho la Real Academia de la Lengua, un organismo que tiene 300 años de existencia. Pero, pese a su lema –limpia, fija y da esplendor– es difícil concentrar tanto sexismo, tanta caspa, tanta estupidez y tanto desprecio a la mujer en tan poco tiempo. Otro retrato de la Marca España. Bochornoso.
Es segundo es un gran éxito musical disponible durante las manifestaciones en las calles de Málaga.
El tercero es un video cartoon que explica ciertos hechos sobre la homosexualidad que mucha gente no parece tener muy claros. Subtitulado al castellano por Creareify.
Finalmente, José Juan Guijarro recoge diez testimonios de la sociedad civil que proponen cómo se debería resolver el conflicto que vive la comunidad educativa en una huelga de los docentes de las Islas Baleares que ha durado tres semanas.
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