18 de abril. Julio Anguita y otras 200 personas denuncian al obispo y al alcalde de Córdoba.

Anguita y otras 200 personas denuncian al obispo y al alcalde de Córdoba.

El pasado lunes, Julio Anguila, excoordinador general de IU y exalcalde de Córdoba, firmaba, con el respaldo de otras 205 personas, una denuncia contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el actual alcalde, José Antonio Nieto, por la inmatriculación de la Plaza del Triunfo de la capital cordobesa por el Obispado. Anguita cree que “se ha usurpado un bien de la ciudad y el Ayuntamiento ha incurrido en algo bastante grave”. A su juicio, “no ha estado a la altura, porque tenía que haber defendido el patrimonio municipal que es de los cordobeses”. Anguita denuncia al obispo y al alcalde “uno por supuesta usurpación y el otro por consentimiento expreso o tácito”. Y pide que “la Justicia intervenga y, en consecuencia, se ponga en marcha la denuncia”, al tiempo que recuerda que, en el año 1983, el Ayuntamiento estuvo “restaurando el monumento” de esta  Plaza, de manera que “no se habría restaurado si no hubiese sido propiedad municipal”.

En relación a los demás bienes inmatriculados por la Iglesia, Anguita advierte de que “todo se ha hecho de manera ilegal y casi con nocturnidad y alevosía”. Proclama que “es hora de que las personas que tanto blasonan de querer a Córdoba dejen un poquito de estar en determinadas actividades, todas muy loables y justas, y piensen un poco de verdad en Córdoba, dejando de pregonar su cordobesismo que no conduce a ninguna parte, mientras no vayan a defender el patrimonio de sus conciudadanos”. En su denuncia, Anguila detalla que “el 8 de abril de 2011, la Diócesis de Córdoba inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por certificación del propio obispo de Córdoba. La escritura no justifica el método de adquisición de la propiedad, señalando únicamente algunos datos históricos sobre su origen”. Y agrega que “guarda silencio sobre el hecho de tratarse de un bien público, según consta en el inventario municipal vigente en el momento de la inmatriculación”. Señala que es un inmueble destinado “al culto católico y la caridad” para ampararse en el privilegio contenido en el artículo 206 de la citada ley, entre otros. Todos estos hechos, añade, “podrían ser constitutivos de un delito de usurpación y de falsedad en documento público”.

Quienes fueron alcaldes de Córdoba bajo las siglas del PCE y de IU, (Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar y Andrés Ocaña), ya firmaron en febrero una carta para su pública difusión en la que reclamaban la titularidad pública para la Mezquita-Catedral. Pedían que la Iglesia Católica devuelva “al dominio común de todos” el resto de “bienes del patrimonio histórico, inmatriculados indebidamente” por ella. Demandaban al Ayuntamiento de Córdoba y al resto de administraciones “la defensa del patrimonio histórico a través de todos los instrumentos legales”.  Reclamaban la titularidad pública para la Mezquita-Catedral y que la Iglesia Católica devolviese “al dominio común de todos” el resto de “bienes del patrimonio histórico indebidamente inmatriculado” por ella. Denunciaban que “el registro de este documentos de dimensión universal, así como de otros cientos de inmuebles de dominio público, se ha ejecutado a través de una ley de dudosa constitucionalidad que otorga a la Iglesia el privilegio de inmatricular edificios y fincas sin necesidad de acreditar título de propiedad”. Según estos exalcaldes, “se ha llegado hasta el punto de intentar borrar su denominación de los mapas y registrar su marca comercial a nombre del Cabildo. Es por ello que instamos a las administraciones competentes a que actúen con urgencia y determinación para impedir una gestión lesiva de los valores fundamentales de nuestro monumento más universal”.