El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo admite la querella contra Cristina Cifuentes.
Banderas republicanas durante las protestas tras la abdicación de Juan Carlos Iº.
Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno de Madrid.
El pasado 13 de abril, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decidió admitir a trámite
la querella criminal presentada por la Coordinadora 25s contra doña Cristina
Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid cuando ocurrieron los hechos
denunciados. La querella se presentó por la vulneración de los más elementales
derechos democráticos durante los días del proceso de abdicación de Juan
Carlos I, precipitados por el cúmulo de escándalos que hacían ya inevitable su
continuidad como Jefe del Estado y la sucesión de su hijo Felipe VI. La
querella, que además de a Cristina Cifuentes se dirige a Alfonso Fernández
Díez, Jefe Superior de Policía en Madrid y a Ignacio Cosidó Gutiérrez, en su
momento, Director General de la Policía, recoge el auténtico “estado de
sitio no declarado” por el que se
sometió a la ciudad de Madrid durante los fastos de la abdicación-coronación.
En el mismo, participaron, según datos del propio Ministerio del Interior,
4.300 policías nacionales, 2.672 guardias civiles y varios miles de miembros de
la policía municipal, con el objetivo de que no se pudiera expresar, en forma
alguna, el menor rechazo al Régimen monárquico en general o a las figuras de
Juan Carlos I o Felipe VI en particular. En el texto, los querellantes subrayan
que la Dirección General de la Policía acordó “la prohibición de toda expresión
pública, individual y colectiva de signo republicano o antimonárquico,
especialmente en el centro de Madrid, dándose orden a los agentes de que
actuaran en consecuencia”.
La querella fue inicialmente
presentada en el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid, juzgado que, tras
algunas diligencias, dictó auto de sobreseimiento y archivo provisional el 1 de
septiembre de 2015. El recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección
5ª, fue igualmente desestimado. El Tribunal Constitucional no la admitió a trámite
por no apreciar especial relevancia constitucional en la referida querella.
Según la querella, en los días previos a la proclamación de Felipe VI la
Policía retiró la simbología republicana de algunos balcones y se prohibieron
manifestaciones convocadas para ese día por la Coordinadora. El texto de la
denuncia enumera varios episodios de represión por parte de las fuerzas de
seguridad. Por ejemplo, una mujer fue inmovilizada por los agentes cuando
intentaba sacar una bandera republicana. A un hombre “le tiraron al suelo y le
esposaron” por un acto similar y otras personas fueron “detenidas durante dos
horas por estar en las listas de activistas”.
Una vez agotada la vía
jurisdiccional en el Estado Español se formuló demanda ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y esta vez se utilizó un criterio bien
diferente al de los tribunales españoles, estudiando el fondo del asunto, que
no es otro que el de la conculcación de los derechos y libertades reconocidos
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, durante los días en que se realizó
la abdicación–coronación y especialmente el 19 de junio de 2014.
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