La Semana Santa de Puigdemont.
La prisión de Neumünster, donde se encuentra
Carles Puigdemont desde el pasado domingo.
La mañana del pasado 25 de marzo,
Domingo de Ramos, fue el inicio de la Semana Santa para un político
independentista catalán que ya es universal. Carles Puigdemont, quien venía de la Universidad de Helsinki, fue
detenido por la Policía alemana a las 11.19, hora local, 35,5 kilómetros después
de haber entrado en Alemania por Dinamarca, en la estación de servicio de
Schuby, en la autopista A7. Se dice que fue un claro error de cálculo, puesto
que pensaba que tenía bien planificada su estancia en Finlandia durante la cual
Pablo Llanera, el fiscal que le persigue desde que huyera de su tierra,
reactivase la eurooden de detención en su contra. Según informó la Fiscalía
alemana, se encontraba en una gasolinera, acompañado de dos personas, que
quedaron en libertad. La detención se llevó a cabo sin ninguna parafernalia ni
operativo especial, mientras el vehículo en el que viajaba, un Renault Space con
matrícula belga, cruzaba la frontera entre Dinamarca y Alemania, desde donde
pensaba regresar a Bélgica. Sucedió mientras se celebraba el Domingo de Ramos en
la Europa católica. Una vez en la comisaría de Schuby, donde se le tomaron los
datos, Puigdemont realizó varias llamadas, incluida una a su abogado, en
Bélgica. Y, tras pasar unas horas en comisaría, fue trasladado a la prisión de
Neumünster, donde permaneció retenido y solo toda la Semana Santa. La policía
germana, alertada por los servicios de inteligencia españoles, localizó a
Puigdemont a través de sus conexiones del móvil y actuó discretamente, dando
por terminado el perenigraje de Puigdemont, quien acabó entre rejas. Así comenzó la Semana Santa de Puigdemont
Así es por dentro la cárcel alemana donde está
detenido Puigdemont.
La Fiscalía General de
Schleswig-Holstein (Alemania) descartó adoptar una decisión sobre la euroorden
española contra el expresidente autonómico catalán, por lo que previsiblemente
seguirá en prisión hasta después de los festivos de Semana Santa. “Estamos en
pleno análisis”, indicó una portavoz de la Fiscalía, citada por el diario local
Kieler Nachrichten. Se trata de un procedimiento “muy complejo”, por lo que no
debe contarse con una decisión los últimos dos últimos días laborales de esta
semana, en Alemania. La primera fiscal de Schleswig, Wiebke Hoffelner, avanzó que se trata de un caso “muy exigente”
y evitó concretar los plazos de actuación de su institución para no presionar a
sus compañeros. La posición final de la Fiscalía alemana es clave en este
proceso, pues puede pedir la ejecución de la extradición ante la Audiencia
Territorial de Schleswig –que es quien decidirá– o puede considerar que no se
cumplen los requisitos necesarios, con lo que el líder independentista quedaría
en libertad. Un día después, el juzgado de primera instancia de Neumünster ha
fallado que Puigdemont permanezca en prisión mientras se estudia la orden de
detención y entrega (OEDE, euroorden) cursada por España, poniendo en marcha la
maquinaria judicial para su extradición, pero sin pronunciarse sobre el fondo
de la cuestión, y enviando el caso a la fiscalía. “Calma”, pidió Puigdemont
nada más ingresar en la cárcel de Neümunster. “Calma”, repitió con quienes
contactaron con él en su celda. Los comités de agitación buscaban 'un calvario'
en Semana Santa. “Calma”, le pidió a su esposa, Marcela Topor, en una
conversación, tras ingresar en el presidio. “Ahora no debe haber violencia”,
subrayó. Pero la hubo y la sigue habiendo. En Barcelona, el Parlament fue
incapaz de votar una resolución contra el vandalismo de las fuerzas de choque
de la secesión. Dicen que Roger Torrent, presidente de la Cámara, no se atrevió a tanto.
Manifestación de Omnium y la ANC por la
detención de Puigdemont.
Partidos y entidades
independentistas llamaron inmediatamente a la movilización pero insistieron en
pedir “calma” y negaron que quisieran una huelga general. Dirigentes de JxCat y la
CUP propusieron pasar a la ofensiva e investir a Puigdemont mientras que ERC
abogó por un gobierno de concentración. El proceso de extradición del president
cesado podría alargarse hasta 90 días y no se descarta que Puigdemont intente
pedir asilo para evitar su entrega a España. “La detención del president cesado
–escribe Neus Tomàs en Eldiario.es del pasado domingo– ha dejado en estado de
shock a los dirigentes independentistas en un momento en el que intentan
rediseñar la estrategia tras el impacto que han supuesto los ingresos en la
cárcel de Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa. Puigdemont era el garante
para muchos dirigentes de JxCat pero también de la CUP, para la Assamblea
Nacional Catalana y para influyentes opinadores de la república catalana que
pretendía cimentarse desde Bruselas. El 'sueño' de la república que no pudo ser
queda ahora sepultado. Se había decidido que, en Catalunya, no se repetiría en
la desobediencia para evitar nuevas imputaciones y que, en todo caso, las decisiones
más controvertidas, aunque fuesen simbólicas, se adoptasen en Bruselas. Los
partidos independentistas se enfrentan a tres retos para intentar encontrar una
salida: el reloj ya corre hacia las elecciones, siguen sin tener decidido quién
debe ser el candidato o candidata y existe el riesgo de que la tensión en las
calles vaya a más. Uno de los alcaldes metropolitanos del PDeCAT, Joan Ramon
Casals, expresó públicamente una propuesta que también defienden algunos
dirigentes de JxCat y la CUP y que implicaría responder a la detención a
Puigdemont de la manera más contundente (y peligrosa).Se trataría de convocar
un pleno en el que el candidato a la investidura fuese el presidente cesado y
que la mayoría independentista lo votase… Los republicanos son partidarios de
explorar las posibilidades de configurar un gobierno de concentración, una
fórmula complicada porque implicaría que el PDeCAT compartiese el Ejecutivo con
la CUP o los 'comuns'. O incluso con los dos, añaden en ERC. Una posibilidad de
la que los afines a Puigdemont no quieren ni oír hablar. Los partidos temen que,
en algún momento, la indignación del electorado independentista se acabe
descontrolando en forma de incidentes graves. De ahí que este domingo hayan
multiplicado las apelaciones a la calma”. Una posibilidad de
la que los afines a Puigdemont no quieren ni oír hablar. Los partidos temen que,
en algún momento, la indignación del electorado independentista se acabe
descontrolando en forma de incidentes graves. De ahí que este domingo hayan
multiplicado las apelaciones a la calma”. Una posibilidad de
la que los afines a Puigdemont no quieren ni oír hablar. Los partidos temen que,
en algún momento, la indignación del electorado independentista se acabe
descontrolando en forma de incidentes graves. De ahí que este domingo hayan
multiplicado las apelaciones a la calma”.
El proceso soberanista en
Cataluña mantiene a otro sector en el disparadero. Se trata de la Judicatura
que se ha visto en los últimos meses identificada como “enemiga” del procés.
Sin ir más lejos, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, vio cómo
la organización juvenil de la Esquerra Independentista, Arran, hizo pintadas en
su vivienda en Das (Cerdaña) con insultos de “Llarena fascista” o “libertad
presos políticos”. Y, desde el pasado mes de octubre, los jueces y magistrados
que ejercen su función jurisdiccional en Cataluña han visto cómo se organizaban
concentraciones frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
o cómo han aparecido pintadas en distintos órganos judiciales de dicha
autonomía. Tras conocer estos hechos, el Consejo General del Poder Judicial
pidió al Ministerio de Interior que protegiese a Llarena y a su familia
mientras que la Fiscalía de Cataluña pidió a los Mossos que actuaran para velar
por la seguridad al instructor del procés por proponer juzgar al Govern por un
delito de rebelión. El presidente territorial de la Asociación Profesional de
la Magistratura en Cataluña, Luis Rodríguez Vega, en conversación con “El
Independiente”, denuncia cómo los togados son víctimas de “explosiones de rabia
y odio”. “Se nos trata como si fuéramos enemigos del pueblo”, manifestó este
magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Rodríguez Vega afirma que
gracias a que el presidente del Parlament, Roger Torrent, mantiene un discurso
“como si en Cataluña no hubiera pasado nada”, los jueces parecemos “personajes
que, sin que se hayan cometido delitos, metemos a personas en la cárcel”.
Los Mossos intentan desalojar a los
manifestantes que cortaron la autopista AP-7, el pasado martes.
“Nos sitúan a los jueces como los
órganos ejecutores de la represión”, subraya este magistrado profundamente
preocupado por la situación que se vive en la citada autonomía. Dicho juez
denuncia que las tensiones que se viven en Cataluña se deben a que, como
representante del poder judicial y garante del régimen constitucional, te
identifican como “enemigo del pueblo, como si ellos solo fueran el pueblo. Al
sector constitucionalista de la sociedad no se le reconoce”. El presidente
territorial de la asociación mayoritaria de la Carrera Judicial lanza además la
siguiente reflexión: “Si no son capaces de intimidar al Poder Judicial en
Cataluña ni, por supuesto, al Tribunal Supremo, ¿qué pasará? ¿Desaparecerá la
tensión? ¿Subirá? Esa es la inquietud que padecemos. No te ven como un juez
sino como un represor. Falta un discurso contrario para desmontar ese
pensamiento”. El problema, sin embargo, va más allá de simple percepciones
personales. Los datos hablan por sí solos. En los últimos cinco concursos
convocados por el CGPJ –desde noviembre hasta ahora–, doce magistrados han
pedido abandonar Cataluña mientras que tan sólo uno ha solicitado volver a
dicha autonomía. El magistrado de lo Social, Pablo Baró, también destinado en
Cataluña, explica que el problema es “cuando te empiezan a señalar directamente
como ha sucedido este fin de semana con el juez Llarena. Los independentistas
nos han identificado como enemigos, lo cual no es nuevo aunque es cierto que la
presión es mayor desde los pasados meses de septiembre y octubre aquí”. “El
juez no deja de ser garante de la Ley y eso, a veces, se olvida”, recalca este
juez que enfatiza que “nosotros velamos por el ordenamiento jurídico cuando se
bordea la Ley”.
Un joven lleva una camiseta con una estelada,
ante la cárcel de Neumünster.
El soberanismo catalán espera
sacar provecho de la detención de Carles Puigdemont en Alemania, convirtiendo
este contratiempo en una oportunidad de internacionalización del
conflicto. “Los estrategas soberanistas
–escribe A. Fernández en El Confidencial– calibran la oportunidad de darle la
vuelta a la tortilla para presentar al ‘expresident’ fugado como una víctima
del Estado español, perseguido por sus ideas políticas. La nueva situación abre
muchas oportunidades. El primer elemento positivo que ven los independentistas
es que Puigdemont está ahora en territorio alemán. En otras palabras: se ha
trasladado el conflicto al corazón de Europa, a la locomotora comunitaria. De
hecho, esta carta no había podido ser jugada hasta ahora, debido a la poca
fuerza internacional del nacionalismo catalán. Además, los pocos acercamientos
que hubo con fuerzas nacionalistas en Alemania (especialmente con los bávaros)
quedaron frustrados por la cruda realidad jurídica del país teutón, que castiga
con severidad los intentos de secesión. El segundo elemento que quieren
utilizar los independentistas es el de la diferente realidad jurídica entre
Alemania y España. Aquí se aplicará la estrategia de intentar convencer a la
Justicia alemana de que Puigdemont es un preso político y que se le persigue
por sus ideas y no por querer romper el Estado español (lo que en Alemania es
considerado alta traición). Para ello, la consigna es mimar a Alemania desde
todas las instancias independentistas. En las primeras horas de la detención,
los radicales más hiperventilados acusaron a Alemania de volver a la época nazi
y de repetir la historia: el siglo pasado, la Gestapo detuvo a Lluís Companys,
presidente de la Generalitat y se lo entregó a España, para ser fusilado. El
paralelismo es aterrador: la Alemania de hoy detiene a Puigdemont y estudia
entregarlo a España, donde será condenado injustamente a prisión. Pero el
independentismo cometió un error de bulto: con esa estrategia inicial, lo único
que se podía conseguir era enrarecer aún más el ambiente, al mismo tiempo que
quedaba muy patente la manipulación del independentismo sobre la realidad. De
ahí que hubo la consigna tajante de abandonar esa línea de propaganda de
agitación”.
“Las movilizaciones –escribía el
pasado martes Sato Díaz, en Cuartopoder– son constantes desde el domingo. Ahora
están capitaneadas por los Comités de Defensa de la República, CDR, y no tanto
por la ANC u Òmnium. Los CDR tienen un carácter más rupturista que las dos
entidades principales independentistas. La presión de la calle puede ser
determinante en la deriva del conflicto catalán, tal y como ya lo fue en otras
ocasiones. El pasado 27 de octubre, cuando Puigdemont se debatía entre convocar
elecciones o proclamar la independencia, optó por lo segundo ante una
manifestación estudiantil en las puertas del Palau de la Generalitat. ¿Alentará
JxCat a que se reclame la investidura de Puigdemont en las próximas
movilizaciones para presionar a ERC? Es muy probable. Nadie quiere quedar como
traidor del procés. Y una nueva convocatoria electoral no es, en ningún caso,
desechable. Nadie quiere presentarse a unas elecciones habiendo sido tildado de
traición al movimiento independentista. Los comunes tienen claro que la ‘vía
Puigdemont’ no lleva a ninguna parte, no contarán con sus votos en este
sentido. Apuestan por un gobierno transversal, en el que el candidato a la
Presidencia no venga de la derecha convergente (…) Mientras tanto, Puigdemont,
por decisión judicial, continuará en prisión provisional en Alemania hasta que
se resuelva su extradición. En Bélgica, la fiscalía no ve riesgo de fuga de
Serret, Comín y Puig y descarta su búsqueda asegurando que mantiene contacto
con sus abogados. Ponsatí, en Escocia, será defendida por el prestigioso Aamer
Anwar, quien asegura que la exconsellera se presentará ante la Justicia y que
recurrirá la extradición. Desde Soto del Real, Jordi Sánchez se ofrece para
volver a ser candidato. El viernes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
reclamaba a España que se respetasen sus derechos políticos”…
A. Fernández concluye que una
comunicación de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los comités de defensa de
la república (CDR) fue clave en este sentido. “Así pues, la estrategia futura
es ser condescendiente con la Justicia alemana, dejar de compararla con el
nazismo y esperar acontecimientos. Siempre habrá tiempo para renegar de las
instituciones alemanas si las decisiones son contrarias a la liberación y la no
extradición del preso”. Los radicales CDR (Comités de Defensa de la República,
grupos surgidos en Cataluña, en 2017, con el objetivo inicial de facilitar la
realización del referéndum de independencia del 1 de octubre, suspendido por el
Tribunal Constitucional), enviaron el pasado lunes una comunicación a sus
integrantes: “Será preciso –decían– seguir ocupando las calles y no
abandonarlas (…) Es necesario un nuevo paso en la acción por la democracia y la
república. Con los últimos encarcelamientos, la detención del 'president'
Carles Puigdemont y la represión y brutalidad policial desbocada contra legítimas
movilizaciones populares, parece claro que ya hemos superado un punto de no
retorno”.
John Carli, periodista británico.
En una entrevista en el Diari de
Girona, el periodista británico, John Carlin aborda la reacción del Estado ante
el proceso independentista catalán y afirma que ha habido un golpe de estado:
“Incluso yo, que conozco España, estoy casi en estado de choque. No me esperaba
esta reacción... reaccionaria. Para mí, en España ha habido un golpe de estado.
El poder judicial, representado por el juez Llarena, ha tomado el control del
país. El Gobierno no decide nada, lo decide un juez. Llarena ha hecho un golpe
de estado. Si Rajoy tiene un gramo de inteligencia política, tiene que entender
que lo que pasa no es bueno ni para España ni para Catalunya”. Carlin afirma,
no sin admitir su preocupación por decirlo: “Para mí, a quien se tiene que
encerrar en la prisión es al juez Llarena. Afortunadamente hoy vuelvo a
Londres, pero si le sale de las pelotas, quizás me pide la extradición, porque
el juez Llarena hace lo que le sale de las pelotas”.
La sede de las Naciones Unidas en Ginebra que
alberga el Comité de Derechos Humanos.
El viernes, 23 de marzo, Comité
de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, reclamaba a España que se respetasen
sus derechos políticos y admitía a trámite la demanda que Carles Puigdemont,
expresident de la Generalitat, había presentado a principios de marzo contra
España por vulnerar sus derechos políticos. La ONU escribía al Gobierno español
para que respondiese sobre el caso de Puigdemont en un plazo máximo de seis
meses. Además, el Comité de Derechos Humanos
pedía a la abogada del presidente destituido que indicase “qué tipo de
remedios” quería exigir al Sido en caso de que se concluyera que había habido
una violación de los derechos de Puigdemont. Ahora, el Comité pedía al Estado español que, en un plazo máximo
de seis meses, se pronunciase sobre si se debe continuar tramitando la denuncia
presentada por Puigdemont. La resolución del caso podría alargarse más de un
año. El Comité de Derechos Humanos vela por el cumplimiento del Pacto
internacional de derechos civiles y políticos suscrito por 170 países, incluido
España. En base al Protocolo facultativo adicional al Pacto, suscrito por
España en 1985, el Comité puede recibir quejas de ciudadanos que creen
violentados sus derechos en los países que han ratificado el protocolo y dictar
medidas que tendrían que ser de obligado cumplimiento. No obstante, el Comité
no tiene capacidad para imponer a los estados miembros sus decisiones, por lo
que España podría desoír su resolución. Las fuentes explican que el
requerimiento del órgano de la ONU se limita a detallar los argumentos
planteados por el también expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña
(ANC), en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre, y concede al
Gobierno español seis meses para responder. El propio Comité de Derechos
Humanos explica que el requerimiento y la petición de que el Gobierno español
garantice los derechos políticos de Sánchez “no implica que se haya tomado una
decisión sobre la sustancia”. Además, “la indicación de la adopción de medidas
que formula el Comité no es vinculante, ni puede afectar a resoluciones
judiciales”, subrayan las fuentes. Asimismo recuerdan que la restricción de los
derechos políticos de Sánchez, ha sido adoptada por el Tribunal Supremo y el
Tribunal Constitucional y que el Gobierno “no puede, en modo alguno, interferir
en las resoluciones judiciales dictadas”. A diferencia de Jordi Sánchez,
Puigdemont no incluyó en su demanda una petición de medidas cautelares, por lo
que el Comité no ha instado a España a garantizar sus derechos políticos, como
sí hizo en el caso del exlíder de la ANC. El organismo de la ONU sí ha pedido
al expresident que indique “el tipo de medidas” que le gustaría obtener de
España en el caso de que finalmente se concluya que se han vulnerado sus
derechos políticos.
Editorial de The Times sobre Cataluña
Tras la detención de Carles
Puigdemont en Alemania, el diario británico The Times ha vuelto a escribir un
duro editorial contra el Gobierno de Mariano Rajoy. “Desde octubre del año
pasado –empieza diciendo el texto–, el Gobierno español ha tratado de manera
insistente el tema espinoso del independentismo en Cataluña con imprudencia,
mano dura y un deseo aparente de empeorar la situación ya de por sí
complicada”. El editorial cuenta que Carles Puigdemont huyó de España tras
declarar la independencia y señala que el referéndum había sido declarado
ilegal por el Tribunal Constitucional. Además señala que un juez fue el que
ordenó que se impidiera. Sin embargo, afirma que las imágenes de los
independentistas atacados en las urnas y el encarcelamiento de los 13 políticos
catalanes “no ayuda mucho a la unidad de España”. El Gobierno español ha
tratado de manera insistente el tema espinoso del independentismo en Cataluña
con imprudencia, mano dura y un deseo aparente de empeorar la situación ya de
por sí complicada. “El hecho de que todas estas decisiones hayan sido tomadas
por jueces y no por políticos hace que el plan de Madrid para frustrar a los
separatistas en éxtasis no sea menos obvio. Mariano Rajoy, el primer ministro
de España, no ha tomado medidas reales para comprender por qué una proporción
tan significativa de los catalanes les convence la idea de la independencia”,
afirma el diario británico. Además, acusa a Mariano Rajoy de “adoptar una
actitud de indignación legalista, mientras que la policía y los tribunales
españoles han perseguido con entusiasmo a figuras separatistas. En dos
ocasiones, la policía ha registrado el jet privado de Pep Guardiola, el
entrenador español del Manchester City, aparentemente con el temor de que se
usara para contrabandear a Puigdemont de regreso al país. Madrid tiene un miedo
existencial al secesionismo, no solo en Cataluña, sino también en Euskadi. Sin
embargo, esto no es excusa para tratar un movimiento de independencia pacífico
y ligeramente caótico como si se tratara de un ejército rebelde peligroso”,
denuncia el medio. “La independencia catalana es probablemente una mala idea,
sin duda contra los intereses de la nación española en general y muy
probablemente contra los intereses de la propia región. En una atmósfera de
mayor calma y menos arriesgada, es perfectamente posible que una mayoría se aleje
de la idea de independencia a cambio de concesiones leves hacia el autogobierno
y el retorno a la estabilidad. Al tratar de mostrar su fortaleza, el Gobierno
de Rajoy luce aterrorizado. Peor aún, es la entrega de la autoridad moral a un
movimiento político frívolo que la mayoría de las veces no lo merece. Madrid
necesita comenzar a hablar con sus oponentes y dejar de buscarlos en la cárcel”,
finaliza el texto, que pide sobre todo diálogo para solucionar la situación.
El
juez Pablo Llarena, durante una charla en un seminario de FAES, en 2014.
Gerardo Tecé escribe en CTXT (Público),
bajo el título “La mirada Llarena”, el siguiente artículo: “Nada más potente
que la mirada de un juez. La mirada de un juez es, según acordamos aquel día
que nos sentamos a inventar la justicia tal y como la conocemos, la realidad.
Ni más ni menos. Lo que los ojos del juez ven, es lo que hay. Dejar que una
mirada concreta, personal e intransferible decida sobre qué es la realidad
–gigantesca, inabarcable– y cómo su lectura puede afectar a un individuo es un
ejercicio de confianza que nos permite aparcar los linchamientos públicos y la
justicia por nuestra mano. Un gran invento. Si la prenda encontrada en el lugar
del crimen no contiene ADN de Fulanito, pero la mirada objetiva del juez decide
que, por otros cuarenta indicios claros y razonados, Fulanito ha asesinado a
Menganito, como sociedad, confiamos en el margen de error que pueda tener esa
mirada neutra sobre la realidad y, una vez decididos los hechos, aceptamos como
válida la condena que, siguiendo el código penal, el juez imponga. Es un
mecanismo simple, un trato que se basa en la confianza en esa mirada objetiva.
Un pacto social que, como las relaciones en pareja, hay que cuidar cada día por
ambas partes: la mirada del juez que observa tiene que demostrar estar graduada
en todo momento para recibir confianza. El juez Pablo Llarena está poniendo en
serios aprietos a los fieles de esta maquinaria que es la justicia de hoy, al
tiempo que se está convirtiendo en héroe –Cid Campeador sería un buen ejemplo–
de quienes, aquel día que como humanos nos sentamos a decidir la justicia,
seguramente votaron seguir con el linchamiento en la plaza del pueblo”.
La mirada de Llanera.
“El proceso Mirada-Pruebas-Código
penal parece haberse invertido en el caso de los acusados por el procés catalán
y crea desasosiego por varios motivos. El primero de ellos, porque el delito
que se investiga es político y cuando lo político entra en juego, la
objetividad es como la razón en lo religioso o el TFM de Cifuentes en lo
académico: no existe. El segundo motivo por el que la mirada Llarena crea
desasosiego es su lectura de la realidad. Se aleja bastante de lo que cualquier
no nacionalista aburrido del procés y banderas como yo –somos millones– ha
visto que ha pasado. No. Los dirigentes catalanes pudieron hacer el ridículo
pero no dieron ningún golpe de Estado por mucho que lo repita el telediario o
el argumentario del PP –perdón por la redundancia– ni pacífico, ni violento, ni
a pellizcos. Los dirigentes catalanes, empujados por media Cataluña mientras la
otra media observaba perpleja, se lanzaron a la aventura de internacionalizar
el conflicto por el método de hacer ruido sabiendo que la independencia no era
una opción inmediata alcanzable. El referéndum del 1-O fue una performance de
cara a Europa y la DUI una carta ingenua a los Reyes Magos, no un acto
administrativo y real. Por llevárnoslo a lo doméstico, cuando una madre dice
“un día cojo la puerta y me voy”, la mirada Llarena entendería abandono de
menores; le hubiera retirado la custodia de los hijos y pedido su entrada en
prisión. El tercer motivo para desconfiar de la mirada Llarena es seguramente
el más grave: parece que ha decidido el delito y luego ha adecuado los hechos a
esa decisión”.
Tecé concluye sobre la mirada de
Llarena: “Las peticiones de cárcel por rebelión –30 añazos, tarifa terrorista
sanguinario– para los acusados requiere de una violencia (rebelión: alzamiento
violento) que solo existe en la cabeza y los autos del juez. Desde una mirada
honesta es imposible decir que en Cataluña hubiera más violencia que la de los
antidisturbios agrediendo a votantes del referéndum o a manifestantes en contra
de los encarcelamientos. Esa violencia filosófica de la que habla Llarena y la
pirueta que hace (el procés es un intento del golpe de Estado y un golpe de
Estado es un hecho violento de por sí aunque no haya violencia entendida como
tal) es la que justifica cada uno de sus movimientos. Esta mirada sesgada y
retorcida de la realidad es la que tiene a gente en prisión y cruzando la
frontera, es la que tiene encantados y ciegos ante la pirueta legal a quienes
gritaban ‘a por ellos’ y es la que aterroriza a quienes queremos a los líderes
independentistas, estemos de acuerdo o no con ellos, haciendo política y no
encarcelados o yéndose al exilio”.
Cubos de basura con fotos al revés, del juez Llanera.
La detención del ex presidente de
la Generalitat Carles Puigdemont, en Alemania, despertó la ira de frentes
independentistas. Arran, organización independentista juvenil vinculada a la
CUP, señaló inmediatamente la casa que Pablo Llarena, el juez del Tribunal
Supremo, tiene en Das. “Llarena fascista. Ni en Das ni en ningún sitio”, rezaba
una de las pintadas firmadas por Arran, efectuadas en el asfalto frente a un
chalé de esta población de la comarca gerundense de la Cerdanya. En otra
pintada dirigida al juez que mantiene encarcelada a la cúpula política del
procés, se leía: “Los Països Catalans serán tu infierno”. En su cuenta oficial
de Twitter, Arran reivindicó esta actuación para “señalar” la casa de Llarena:
“Respondamos a su represión tantas veces como haga falta. ¡Echémosles!”. El
pasado Viernes Santo, los Comités por la Defensa de la República catalana
continuaron con sus movilizaciones. Acudieron a Das, donde Pablo Llerena tiene una vivienda, y lanzaron un mensaje claro: “Aquí, no eres bienvenido”.
Su imagen se apreciaba en los carteles pegados boca abajo en cubos de basura.
El objetivos de los CDR es llenar de amarillo el municipio de Das, en donde
miembros de Arran amenazaron con pintadas el domicilio del magistrado, para
quien Interior ya ha anunciado que reforzará su seguridad. El sábado repitieron
los cortes en el municipio de Alp, en la carretera N-260, y para el domingo,
día de la operación retorno con miles de desplazamientos en todo el país, los
CDR tienen previsto cortar el tunel de Cadí, situado en el prepirineo catalán.
Éste es el acceso más habitual para los que cruzan la frontera entre Cataluña y
Andorra.
El pasado 23 de marzo, Matías
Vallés escribía en el Diario de Mallorca el artículo: “El Supremo anula las
elecciones”, en el que reseñamos: “El Supremo ha desacreditado
las elecciones autonómicas con mayor participación de la historia. Por si el
auto de procesamiento fuera insuficiente, la prisión comunica a millones de
votantes que emitieron su sufragio en vano. La exigencia por parte del Gobierno
de un candidato ‘en condiciones’ olvida dos aspectos interesantes. De entrada,
que una vez encarcelados el primero, el segundo y el tercero, se necesita mucha
fe para arriesgar que el cuarto no correrá la misma suerte. Además de que fue
Rajoy quien pronunció la célebre frase ‘lo que tiene que hacer el señor
Puigdemont es presentarse a las elecciones’. ¿Para vetarle a continuación el
poder alcanzado en las urnas? Las elecciones del 21D fueron convocadas por
Rajoy, en la fecha y circunstancias que decidió personalmente. La campaña y las
votaciones se desarrollaron con una urbanidad ejemplar. Ni un cazador de
‘secuestros con rehenes’ como Llarena pudo advertir un solo incidente digno de
encarcelar a sus protagonistas. El resultado no admitía dudas ni para quienes
han falseado la interpretación de los desenlaces de las dos últimas generales.
Tres diputados de la lista ganadora aspiraban con posibilidades a presidir la Generalitat,
todos a la cárcel. El Supremo ha encarcelado hoy a más independentistas de los
que había en prisión hasta la fecha, cuando ni el observador más intransigente
detectaría un recrudecimiento del clima secesionista. Más grave aún, el
tribunal interfiere en un debate de investidura, negando a otro candidato
democráticamente elegido la opción de consolidar sus opciones o verlas
defraudadas. Turull no pronunció ayer jueves ni una sola frase ofensiva o
contraria a la convivencia en su discurso cenital. Se necesitan argumentos muy
sólidos para una intromisión de tamaño calibre en el ritual legislativo, tal
vez algún día se trasladen a la ciudadanía. Los recién encarcelados estaban
también recién elegidos, de ahí la anulación de las elecciones catalanas
convocadas por Rajoy. España nunca había encarcelado a la vez a seis políticos,
una in absentia. También resulta curioso que todos ellos tuvieran una
participación asimilable en los gravísimos crímenes. Por lo visto, los jueces
del Supremo eran los únicos que no se enteraban de años de discurso
independentista, que estaban obligados a interrumpir durante su gestación en
cualquier momento, con las maneras expeditivas mostradas hoy al desmontar el acto
más sagrado de la democracia, la investidura de un gobernante a través del voto
delegado por los ciudadanos”.
115 días después de la aplicación
del artículo 155 y en una Semana Santa
con sabor a penitencia y a espectacular atracción turística, el presidente Carles
Puigdemont está preso y cautivo en Alemania, a la espera de la decisión de las
autoridades judiciales germanas.
Puigdemont, entre rejas
Encarcelado en una celda de entre 7 y 9 metros cuadrados con una cama,
un escritorio, un armario, un retrete, un lavabo y una televisión, tal y como
describió su abogado en 'La Vanguardia', Carles Puigdemont, como el resto de
reclusos, puede hacer llamadas –no recibirlas– y conectarse a Skype bajo
supervisión de un funcionario de prisiones. Permanece interno en un módulo
ordinario junto a presos de primeras condenas y se estaría integrando bien,
según habría informado la directora del centro, Yvonne Radetzki. 'El Periódico'
publica unas declaraciones de la responsable penitenciaria en las que asegura
que Puigdemont no recibe ningún trato especial, ni lo ha solicitado, y que sus
preocupaciones por tener un recluso famoso se desvanecieron cuando comprobó que
los demás presos se preocupan por él y lo cuidan. Al parecer, le ofrecen café o
harían comentarios manifestando que él no debería estar entre rejas porque no
es como los demás. “Que todo el mundo lo tenga claro –ha manifestado a través de Twitter–: no
claudicaré, no renunciaré, no me retiraré incluso ante la actuación ilegítima
de aquellos que han perdido en las urnas ni frente a la arbitrariedad de
quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el estado de derecho y
la justicia por 'la unidad de la Patria’”
Las fotomontajes de la semana:
1 En El Jueves: Tras localizar a Puigdemont, el
CNI tratará de localizar a M. Rajoy. “Creemos que M. Rajoy es una mujer negra
de 80 años natural de Arkansas” declara uno de los agentes
1 Laquintacolumna. Al parecer, detrás de la
detención de Puigdemont están los servicios secretos españoles.
Puigdemont, perseguido por los alemanes.
PpsoeC's
El Boca del Logo de hoy: Gobierno a
media asta.
El humor en la prensa de esta
semana: Peridis, El Roto, Peridis, Manel F, Pat, Vergara, Atxe, J. R. Mora…
Pep Roig, desde Mallorca: Costumbrismo, Vía crucis, Prioridades,
España, amén, La vida, una tómbola…
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